El juez federal avanzó contra exfuncionarios iraníes y ciudadanos libaneses señalados por su presunta participación en el atentado.
El edificio de la AMIA, escenario del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.
La investigación judicial por el atentado contra la AMIA tuvo un nuevo avance con una decisión del juez federal Daniel Rafecas. La medida alcanza a ciudadanos iraníes y libaneses señalados por la Justicia por su presunta participación en la planificación, organización y ejecución del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994.
La causa analiza responsabilidades atribuidas a antiguos funcionarios iraníes y personas vinculadas con la estructura señalada por la investigación. El atentado contra la AMIA dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
Quiénes fueron alcanzados por la decisión judicial
Entre los procesados mencionados en la causa aparecen antiguos integrantes de la estructura política, diplomática y militar iraní. La lista incluye a Alí Fallahian, quien fue ministro de Inteligencia de Irán; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; y Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria.
También fueron señalados Ahmad Vahidi, exjefe de la Fuerza Quds; Hadi Soleimanpour, quien se desempeñó como embajador iraní en Buenos Aires; Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la embajada; y Ahmad Reza Asghari, extercer secretario de la representación diplomática.
La acusación también alcanza a ciudadanos libaneses. Entre ellos figuran Salman Raouf Salman, señalado como coordinador de la fase operativa del ataque; su hermano Abdallah Salman, mencionado como presunto colaborador; y Hussein Mounir Mouzannar, acusado de haber facilitado documentación para la cobertura de Salman.
Qué sostiene la acusación por el atentado
Según la acusación mencionada en la causa, el atentado fue ejecutado por la estructura armada de Hezbollah y habría contado con autorización, directivas y financiamiento provenientes de las máximas autoridades iraníes.
Los acusados enfrentan imputaciones por distintos delitos relacionados con el ataque. Entre ellos aparecen el homicidio calificado por odio racial o religioso, lesiones y daños, además de figuras vinculadas con la pertenencia o colaboración con una organización armada.
La decisión judicial se refiere a personas que permanecen prófugas y sobre quienes existen pedidos de captura internacional. Por ese motivo, el avance de la investigación se encuentra relacionado con el proceso destinado a realizar un juicio en ausencia.
El juicio en ausencia y el avance de la causa
La nueva legislación argentina mencionada en la información de base permite avanzar con procesos judiciales y eventuales condenas en ausencia cuando se cumplen las condiciones previstas para ese procedimiento.
En este caso, la medida adoptada por Rafecas representa un nuevo paso dentro de una investigación que busca establecer las responsabilidades atribuidas a quienes son señalados por su presunta intervención en el atentado contra la AMIA.
Los acusados no se encuentran a disposición de la Justicia argentina y continúan bajo pedidos de captura internacional. La posibilidad de desarrollar un juicio en ausencia aparece así como parte del escenario judicial que enfrenta la causa.
Para más información , consulte la sección Política de Oeste Ideas.
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El juez federal Daniel Rafecas avanzó en la causa por el atentado contra la AMIA y procesó a ciudadanos iraníes y libaneses señalados por su presunta participación en el ataque del 18 de julio de 1994.
La acusación sostiene que el atentado fue ejecutado por Hezbollah con autorización, directivas y financiamiento atribuidos a las máximas autoridades iraníes. Los señalados permanecen prófugos y tienen pedidos de captura internacional, mientras continúa el proceso para avanzar hacia un juicio en ausencia.
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