El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, recibió a dirigentes de la AMIA y confirmó que evalúan recurrir a La Haya.

El Gobierno argentino analiza la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, para denunciar a la República Islámica de Irán por el atentado contra la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.
La alternativa fue planteada luego de una reunión entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y dirigentes de la AMIA. El funcionario confirmó que distintas áreas del Gobierno trabajan sobre la posibilidad de avanzar ante tribunales internacionales para determinar la responsabilidad internacional del Estado iraní.

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Tras recibir a las autoridades de la mutual judía, Mahiques señaló que existe un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 personas que murieron en el atentado, sus familias y los cientos de sobrevivientes.
El ataque contra la sede de la AMIA ocurrió a las 9:53 del 18 de julio de 1994 y dejó 85 víctimas fatales y cientos de heridos. La iniciativa del Gobierno apunta a evaluar una vía internacional para avanzar sobre la responsabilidad atribuida a Irán por la Justicia argentina.
La posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia se conoce semanas después de una resolución del juez federal Daniel Rafecas, quien procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su presunta responsabilidad en el atentado y dispuso que deberán afrontar un juicio en ausencia.
Los ocho procesados por la Justicia argentina
Entre los procesados se encuentran Ali Fallahijan, exministro de Inteligencia de Irán; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, exjefe de la fuerza Al Quds.
La resolución también alcanzó a Hadi Soleimanpour, quien era embajador iraní en la Argentina al momento del atentado; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada; y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, identificado como agente de Hezbollah y acusado de coordinar la etapa final del atentado.
Los acusados son personas que, al momento del ataque, ocupaban cargos dentro del Gobierno iraní o cumplían funciones en la representación diplomática de ese país en la Argentina.
El desafío de llevar el caso a la Corte Internacional
Una eventual presentación ante la Corte Internacional de Justicia tendría como objetivo buscar un pronunciamiento sobre la responsabilidad internacional de Irán. Sin embargo, el planteo debería superar previamente una cuestión central: la jurisdicción del tribunal.
La Corte Internacional de Justicia no interviene automáticamente por el solo hecho de que un Estado presente una demanda. Según el material analizado por el Gobierno, la aceptación de jurisdicción obligatoria por parte de Irán se encuentra limitada a determinadas controversias vinculadas con inmunidades estatales y bienes del Estado, mientras que su declaración excluye expresamente otras disputas.
Por ese motivo, la posibilidad de avanzar ante la Corte requiere estudiar previamente si existe una vía jurídica que permita que el tribunal intervenga en una eventual demanda argentina relacionada con el atentado.
El Gobierno considera además que un eventual pronunciamiento internacional favorable a la Argentina podría constituir un respaldo para los reclamos vinculados con el atentado. En paralelo, la Justicia argentina ya avanzó con los procesamientos que contemplan un futuro juicio en ausencia.
La iniciativa todavía se encuentra en etapa de análisis. El Ministerio de Justicia y otras áreas del Gobierno trabajan sobre la posibilidad de presentar una demanda internacional que busque establecer la responsabilidad del Estado iraní por el atentado contra la AMIA.
Para más información , consulte la sección Política de Oeste Ideas.
Lectura rápida: el Gobierno estudia recurrir a la Corte Internacional de Justicia contra Irán por el atentado a la AMIA, mientras la Justicia argentina avanza con procesamientos para un juicio en ausencia.
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