La nueva normativa deja en manos del INPI el análisis caso por caso y modifica reglas clave para la industria farmacéutica. Buscan acelerar la llegada de tratamientos e incentivar la inversión.

La medida deroga una resolución vigente desde 2012 y abre interrogantes legales y económicos sobre su impacto en el mercado local.

El Gobierno nacional derogó una resolución vigente desde 2012 que establecía restricciones para el patentamiento de medicamentos y dispuso un cambio central en el sistema: a partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) evaluará cada solicitud de patente de forma individual, sin los condicionamientos previos.

La decisión fue oficializada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Economía junto al INPI, y elimina las pautas técnicas que limitaban la aprobación de patentes químico-farmacéuticas. Según el nuevo esquema, será el organismo el que determine en cada caso la viabilidad del otorgamiento.

Cambios con fuerte impacto en la industria

Uno de los puntos más relevantes de la norma establece que, en el caso de nuevas patentes vinculadas a medicamentos ya comercializados en el país, los titulares no podrán impedir la continuidad de su venta ni exigir compensaciones económicas.

Este aspecto podría generar controversias legales, ya que limita la posibilidad de reclamar regalías por parte de laboratorios que obtengan derechos sobre productos que ya se encuentran en el mercado local.

Argumentos oficiales y contexto internacional

Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a modernizar el sistema, fortalecer la seguridad jurídica y alinearse con estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

Además, aseguran que el cambio permitirá acelerar la llegada de nuevas terapias al país, incentivar inversiones en investigación y desarrollo, y mejorar la integración de Argentina en los mercados globales.

Debate legal y posibles cuestionamientos

Especialistas advierten que la reforma representa un punto de inflexión en el sistema de patentes argentino, pero también plantean dudas sobre su alcance y su posible validez constitucional.

En particular, el esquema que impide reclamar compensaciones por productos ya comercializados podría derivar en litigios por parte de empresas que se consideren afectadas.

Mientras tanto, el Gobierno asegura que la normativa protege el acceso actual a los medicamentos y busca generar más competencia en el largo plazo, combinando innovación con producción local.