La medida cautelar fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual tras un habeas corpus preventivo colectivo presentado en favor de adolescentes privados de su libertad.
La resolución judicial analizó las condiciones de los dispositivos bonaerenses.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió de manera preventiva por 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina.
La decisión fue tomada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
El planteo fue realizado en beneficio de adolescentes que se encuentran privados de su libertad y la resolución puso el foco en las condiciones actuales del sistema bonaerense para afrontar la aplicación de la nueva normativa.
La Ley 27.801 establece un nuevo esquema para adolescentes alcanzados por el sistema penal.
Uno de los principales argumentos de la magistrada fue la falta de infraestructura y recursos materiales para responder a un eventual incremento de jóvenes que ingresen al sistema penal.
La Ley 27.801 establece un nuevo régimen que permite aplicar el sistema penal a adolescentes desde los 14 años, por los delitos contemplados en el Código Penal.
Según la resolución, esa modificación podría producir un aumento de la cantidad de menores alojados en dispositivos de detención, tanto por nuevos ingresos como por una mayor permanencia dentro del sistema.
Ante ese escenario, Pascual analizó si la provincia cuenta actualmente con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para atender a esa población bajo los estándares vinculados con los derechos de niños y adolescentes.
Las condiciones de los centros de alojamiento
Para fundamentar la suspensión, la jueza también examinó el estado de los dispositivos de alojamiento bonaerenses.
La resolución recordó que su propio juzgado había establecido anteriormente un límite de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora debido a que el establecimiento no cumplía con las condiciones mínimas de habitabilidad.
El fallo reconoce mejoras recientes relacionadas con la provisión de agua potable, la alimentación y algunos aspectos edilicios. Sin embargo, sostiene que todavía existen deficiencias que impiden alcanzar las condiciones consideradas necesarias.
Entre los problemas señalados aparecen las dificultades vinculadas con el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo. También se plantea la necesidad de reducir los períodos de aislamiento de los adolescentes alojados.
La magistrada advirtió además sobre las consecuencias que puede generar el hacinamiento y sostuvo que las condiciones de detención tienen relación con los niveles de violencia con los que los jóvenes pueden recuperar su libertad una vez cumplidas sus penas.
La audiencia convocada para septiembre
La resolución ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión preventiva.
Además, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre en la sede del tribunal. Allí deberán presentarse representantes de las áreas del Poder Ejecutivo provincial vinculadas con la aplicación del régimen.
El objetivo será conocer qué medidas fueron implementadas, cuáles están previstas y en qué plazos se pretende adecuar el sistema a las exigencias de la nueva legislación.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
En el ámbito nacional, la Ley 27.801 establece un régimen penal juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden quedar comprendidos por el sistema penal en los casos previstos por la normativa.
El esquema prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad. Las penas deben cumplirse en centros especializados y sin contacto con adultos.
La legislación también contempla alternativas a la privación de libertad, entre ellas la reparación del daño, las tareas comunitarias, las restricciones de acercamiento y el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo.
La reglamentación nacional creó además la figura del “supervisor especializado” y un registro provisorio de profesionales de distintas áreas, como psicología, trabajo social y pedagogía.
También se dispuso la creación de un Comité Interministerial y una Mesa Federal destinada a coordinar las políticas entre la Nación y las provincias. Para la implementación del sistema, el Congreso asignó una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08.
Para más información , consultá la sección Política de Oeste Ideas.
Lectura rápida: La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia. La resolución cuestiona la capacidad actual del sistema de alojamiento y ordena a las autoridades provinciales adoptar medidas mientras se analiza la adecuación de la infraestructura y los recursos.
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