El Gobierno no cede en la disputa con Techint
El Gobierno no cede en la disputa con Techint y el conflicto por la licitación en Vaca Muerta sigue abierto
La empresa de Paolo Rocca evalúa denunciar dumping tras perder una licitación millonaria. Javier Milei y su gabinete defendieron la apertura de importaciones y la elección de un proveedor extranjero.
El origen del conflicto
El consorcio energético Southern Energy lanzó una licitación internacional para la compra de 480 kilómetros de tubos destinados a un nuevo gasoducto en Vaca Muerta, que conectará el yacimiento con el puerto de San Antonio Oeste, en Río Negro.
Una licitación internacional
Se presentaron 15 ofertas de empresas de distintos países, entre ellos Argentina, España, China, India, México, Japón, Turquía y Grecia. Finalmente, la adjudicación quedó en manos del conglomerado indio Welspun.
La propuesta ganadora fue de USD 203 millones, con condiciones de pago y garantías más flexibles, lo que representó un precio aproximadamente 40% menor al ofrecido por su principal competidor local.
El reclamo de Techint
A través de su filial Tenaris, el Grupo Techint había presentado una oferta cerca de USD 90 millones más cara. La empresa sostuvo que la firma india incurrió en dumping, al producir con insumos de bajo costo provenientes de China.
Desde la compañía de Paolo Rocca advirtieron que podrían presentar una denuncia por competencia desleal ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
La postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo fueron categóricos: no habrá cambios en la licitación. Funcionarios cercanos al presidente Javier Milei señalaron que el Estado no está dispuesto a pagar precios más altos para favorecer a proveedores locales.
El propio Milei y el ministro Federico Sturzenegger defendieron la decisión, argumentando que aceptar una oferta más cara hubiera reducido la rentabilidad del proyecto, afectado inversiones y encarecido el precio de la energía.
La mirada de la industria
Desde la Unión Industrial Argentina evitaron pronunciamientos públicos, aunque señalaron que se trata de un conflicto entre privados. Aun así, remarcaron que la obra es estratégica para la competitividad energética y el empleo.
También advirtieron sobre los altos costos estructurales que enfrenta la industria nacional, como la presión impositiva, los costos logísticos y las rigideces laborales.
Por ahora, el Gobierno no prevé modificar el contrato con la empresa india y aguarda una eventual denuncia formal para definir los próximos pasos. El conflicto entre Techint y el Ejecutivo permanece abierto y su desenlace sigue siendo incierto.
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