La AFA respondió a la IGJ

La AFA respondió a la IGJ y rechazó las críticas del Gobierno
El organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia defendió sus balances, negó irregularidades y acusó al inspector Daniel Vítolo de ejercer presión política
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió de manera oficial a la intimación realizada por la Inspección General de Justicia (IGJ), en un nuevo capítulo del conflicto institucional que mantiene con el Gobierno nacional por la supervisión administrativa y el control de sus estados contables.
A través de un extenso descargo, el organismo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia rechazó las acusaciones del inspector general Daniel Roque Vítolo y sostuvo que todas las obligaciones legales fueron cumplidas en tiempo y forma. Además, negó maniobras evasivas y cuestionó el uso de procedimientos administrativos como herramienta de presión política.
La intimación y el foco en los balances
Desde la IGJ se exige a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol explicaciones detalladas sobre partidas globales incluidas en los balances de los últimos ocho años, que en conjunto superan los 450 millones de dólares. El organismo estatal sostiene que esos montos carecen del nivel de desagregación necesario y que las observaciones formuladas no habrían sido respondidas adecuadamente.
En ese contexto, la IGJ advirtió que, de no obtener una respuesta satisfactoria antes del 20 de enero de 2026, podría solicitar la designación de un veedor contable para investigar los libros y documentos de la AFA y la Liga Profesional.
La defensa de la AFA
La AFA aseguró que presentó todos los balances correspondientes a los ejercicios entre 2017 y 2023 y que no existe incumplimiento alguno. Según el comunicado, sólo una observación fue notificada conforme a la normativa vigente y fue respondida de inmediato.
La entidad remarcó que obtuvo de manera regular certificados de vigencia y domicilio emitidos por la propia IGJ, en los que el organismo dejó constancia del cumplimiento de las obligaciones legales y de la presentación de la documentación exigida.
“La realidad es exactamente la contraria: jamás se le requirió información alguna durante todo este tiempo”, afirmó la AFA, al tiempo que denunció demoras de más de 700 días hábiles en el análisis de expedientes por parte del ente de control.
El cambio de jurisdicción
Uno de los puntos más discutidos del conflicto es el traslado de la jurisdicción de la AFA desde la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. La asociación explicó que la asamblea que aprobó el cambio fue fiscalizada por veedores de la IGJ y que toda la documentación fue validada por la autoridad estatal.
Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas avaló el traslado y notificó formalmente a la IGJ. En ese sentido, la AFA rechazó cualquier interpretación que sugiera una maniobra para eludir controles. “Es falso que la AFA se escapó”, enfatizó.
Cruce político y advertencias
Desde la IGJ, Vítolo comparó la situación con el escándalo internacional conocido como FIFA Gate y sostuvo que, de comprobarse irregularidades, el impacto podría ser incluso mayor debido al volumen de fondos involucrados. También aclaró que eventuales responsabilidades serían individuales y no institucionales.
La AFA rechazó esas declaraciones y afirmó que la difusión mediática de imputaciones sin respaldo documental constituye una forma de presión indebida. Sostuvo que los controles deben realizarse dentro del marco legal y respetando las competencias de cada organismo.
La postura final
En su cierre, la AFA reiteró su disposición a responder cualquier requerimiento por los canales institucionales correspondientes y sostuvo que el conflicto revela una disputa política y judicial de fondo. Aseguró que las acusaciones carecen de sustento comprobable y contradicen actos administrativos previos del propio organismo de control.
En paralelo, Claudio Tapia se refirió públicamente a las causas en trámite y afirmó que transita la situación con tranquilidad, al señalar que no se encuentra imputado en ninguna investigación penal.
Fuentes: comunicados oficiales de la AFA, Inspección General de Justicia, declaraciones institucionales y organismos judiciales.






