Martes 1 de Diciembre de 2020

Hoy es Martes 1 de Diciembre de 2020 y son las 14:43

  • Fecha

  • Contagios

  • Recuperados

  • Muertes

ACTUALIDAD

12 de agosto de 2020

Con Carlos Beraldi y León Arslanian como abogados defensores, se reanuda el juicio contra Cristóbal López

Este jueves, de forma remota, el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) reanudará el juicio oral contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por la supuesta defraudación al Estado ante la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), con la firma Oil Combustibles, habiendo generado una deuda con el fisco multimillonaria

El debate oral, que se reanudará a las 14.30, contará con la presencia de dos abogados defensores que integran el Comité Asesor para la ampliación de la Corte Suprema, León Arslanian -abogado del ex titular del fisco-, y Carlos Beraldi, defensor de De Sousa.

 

El juicio comenzó el 13 de junio de 2019, y fue interrumpido por la feria judicial extraordinaria a causa del coronavirus. Cristóbal López y Fabián De Sousa (dueños del Grupo Indalo) y Ricardo Echegaray (ex titular de la AFIP), en la causa donde se los procesó por un supuesto fraude por 8.000 millones de pesos.

Después de que concluyera la etapa de indagatorias, en el juicio que lleva adelante el TOF 3 -presidido por el juez Andrés Basso e integrado por sus pares Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos- comenzaron las declaraciones testimoniales. Las partes acordaron escuchar a unas cincuenta personas, de las cuales ya pasaron por el estrado unas veinte.

Este jueves las audiencias se reanudan con la declaración testimonial de dos contadores del Grupo Indalo. El TOF 3 ya informó a los testigos que vayan declarando que dijeran con antelación qué documentación van a citar, para que la misma sea digitalizada y provista a las partes.

Cristóbal López, Ricardo Echegaray y Fabián De Sousa, junto a sus abogados Carlos Beraldi y León Arslanian, en una jornada del juicio. Foto Luciano Thieberger.© clarin.com Cristóbal López, Ricardo Echegaray y Fabián De Sousa, junto a sus abogados Carlos Beraldi y León Arslanian, en una jornada del juicio. Foto Luciano Thieberger.

La particularidad de la reanudación del juicio es que el Tribunal tendrá en frente a dos abogados nombrados por el Gobierno en la comisión asesora sobre el funcionamiento de la Corte Suprema: León Arslanian -abogado histórico de Echegaray- y Carlos Beraldi, que no sólo es abogado de Cristina Kirchner, sino que representa en este juicio a Fabián De Sousa y continúa siendo abogado del Grupo Indalo. 

Cuando el TOF 3 preguntó a las partes si estaban de acuerdo en reiniciar el juicio oral y público de forma virtual, el primero en responder fue Cristóbal López.  Aceptó retomar el juicio, pero con algunas condiciones. Entre ellas, que debían "arbitrarse las medidas posibles a fin de garantizar la publicidad, la oralidad y la inmediación, así como extremar los recaudos para que pueda ejercerse adecuadamente el derecho a defensa de los imputados". El TOF 3 respondió que la publicidad "se encuentra garantizada".

El juicio

Según la acusación del caso, se “corroboró la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos".

La Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K le permitieron no pagar el impuesto mencionado para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de 5.144.538.391,07 pesos en concepto de capital”.

Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda" del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma "indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.

Cristóbal López, Néstor y Cristina Kirchner en la inauguración del Casino de Río Gallegos en 2003.© clarin.com Cristóbal López, Néstor y Cristina Kirchner en la inauguración del Casino de Río Gallegos en 2003.

El monto de la deuda

El TOF 3 ordenó un informe pericial que expone el movimiento de fondos de Oil Combustibles, con su proceso de quiebra iniciado en julio de 2018. En la página 45 del informe, se detalla que al 10 de diciembre de 2015 “la deuda por el ITC de Oil ascendía a 6.240.663.823 pesos. Esta cifra no contempla los intereses. Este aspecto se retoma en la pericia en el punto ocho, “Resumen de saldos al 10/12/2015”, donde se pidió que se detallen las deudas devengadas impagas, arrojando la misma cifra, es decir más de 6.200 millones de pesos.

Cuando la pericia refiere a las deudas habla de aquellas “no exigibles” en su mayoría: esto se debe a que son deudas ingresadas a planes de pago otorgados por el organismo. Esto es justamente lo que se investiga en el juicio: los motivos por los cuales se otorgaron esos planes y el rol de la AFIP al momento de exigir el pago del tributo.

Esa deuda está contabilizada desde 2011, mientras que el juicio se centra en el lapso de mayo de 2013 a agosto de 2015. En ese período, la deuda acumulada era de 4.200 millones de pesos, y los intereses calculados (punto 12 de la pericia) en función de esa cifra impaga ascienden a poco más de 6.000 millones, según el anexo del informe.

Por eso, la AFIP de la anterior gestión reclamaba a través de la demanda civil -que es parte del juicio- más de 10.000 millones de pesos al empresario K, en concepto del ITC impago. Ante esta cifra, la defensa de López y De Sousa sostiene que a diciembre de 2015 sólo debían 600 millones de pesos. Esta cifra corresponde a los dos planes de facilidades de pago otorgados por el Artículo 32, una potestad del Administrador del fisco. Sin embargo, “no incluye los demás planes que son objetos de la investigación”, explicaron

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!