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POLíTICA

5 de agosto de 2020

El Congreso empieza a tratar la reforma judicial en el primer gran conflicto político de la gestión Alberto

Lejos de la etapa conciliadora, el presidente Alberto Fernández comenzó una fase conflictiva. La reforma judicial, que agudizó las tensiones con la oposición, comenzará a debatirse hoy martes en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, donde expondrá la ministra de Justicia, Marcela Losardo. En tres semanas se sancionaría en el recinto, donde el Frente de Todos tiene la mayoría absoluta de los votos.

El proyecto podría ser sancionado a fines de agosto o principios de septiembre y pasaría a la Cámara de Diputados, donde se recalentará el debate, porque el Gobierno no tiene los votos asegurados para aprobarlo y Juntos por el Cambio buscará aliados para frenarlo.

 

Según pudo saber A24.com de legisladores oficialistas y opositores, el proyecto de ley para fusionar los fueros Federal y Penal Económico, crear decenas de juzgados, fiscalías y defensorías podría sufrir severos cambios, producto del debate en Diputados. Este trámite es solo parlamentario.

En cambio, el proyecto para aumentar el número de jueces de la Corte Suprema se debatirá durante 90 días en la Comisión de notables que integran Carlos Beraldi, abogado de Cristina, y diez juristas más. Solo entonces iría al Congreso. En ese lapso, la protesta callejera de sectores medios convocada en varias provincias –sospechan de un intento de impunidad de Cristina Kirchner en sus causas judiciales- podría entorpecer el proyecto oficialista.

Asoma el fantasma de Vicentin. Por falta de consenso, el Presidente debió derogar el viernes último el decreto 522 que disponía la intervención de la cerealera; el proyecto de expropiación también naufragó.

La cuarentena por la pandemia de coronavirus ya no es tampoco una causa nacional. La unidad en la lucha contra el “enemigo invisible” comenzó a deshilacharse. El decreto 641 publicado ayer dispuso en su artículo 9 inciso 2 que cualquier reunión familiar podría penarse con los artículos 205 y 239 del Código Penal. La reacción social adversa podría producir desacatos.

Muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta aseguran que el Jefe de Gobierno porteño acentuará su autonomía. No le cayeron bien las críticas del Presidente a la reapertura de comercios y las de la vicepresidenta Cristina Kirchner al operativo de seguridad que detuvo a manifestantes violentos que reclamaban por la muerte de Santiago Maldonado.

El vicejefe Diego Santilli verbalizó el malestar: “Nuestro límite son los violentos”. En paralelo, la ministra de Seguridad, Sabina Fredeirc, denunció a Pablo Noceti, ex jefe de gabinete de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y lo responsabilizó en la muerte de Santiago Maldonado.

En estos días se reanudaron actos de vandalismo de comunidades mapuches, contra la propiedad privada, en Villa Mascardi (Bariloche). El Gobierno había anunciado hacía dos meses una mesa de diálogo que no se activó. Esos grupos violentos tienen vínculos con un sector el kirchnerismo.

Cristina Kirchner ordenó apurar la reforma judicial en el Senado. Ella y Alberto acordaron liquidar el trámite parlamentario cuanto antes, para evitar que la discusión los desgaste en 2021, año electoral. Losardo expondrá hoy ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside María de los Angeles Sacnun, y de Justicia, de Oscar Parrilli.

Sacnun y Parrilli son dos soldados de la vicepresidenta. Cristina se aseguró el control de todas las comisiones vinculadas con la reforma judicial: además digita la de Legislación General del Senado, con Ana Claudia Almirón, la bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, con Martín Doñate (revisará denuncias contra el procurador interino Eduardo Casal), y la de Acuerdos, con Anabel Fernández Sagasti. Todos militan en La Cámpora.

En Diputados, la Comisión de Justicia está en manos de Rodolfo Tailhade; la de Asuntos Constitucionales, de Pablo González, ex vice de Alicia Kirchner, y la bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, de Leopoldo Moreau.

Si bien el Frente de Todos tiene mayoría en el Senado, no tiene la llave de los dos tercios necesarios para designar a Daniel Rafecas como procurador general de la Nación. Ese nombramiento está trabado por los 25 senadores de Juntos por el Cambio y los cuatro del interbloque de Juan Carlos Romero, Carlos Reutemann, Lucila Crexell y Clara Vega.

Estos 29 senadores tienen la llave para designar por dos tercios o rechazar a los futuros jueces de la Corte Suprema si prospera la ampliación del máximo tribunal. En la UCR y en el PRO aseguran que no negociarán jueces K.

Además, la reforma judicial propiamente dicha podría complicarse en la Cámara de Diputados. Una pista se vio en la sanción de la ampliación de la moratoria tributaria: el artículo 11, el perdón fiscal al empresario Cristobal López (empresas quebradas sin continuidad), fue votado por solo 130 votos mientras que la ley en general obtuvo 137. Muchos aliados del Gobierno no acompañaron a Cristobal y ello disparó interrogantes.

El interbloque Unidad Federal que preside José Luis Ramón, de 8 miembros, es habitual socio del Frente de Todos. Sin embargo, Beatríz Avila y Antonio Carambia votaron en contra de López. Y el interbloque Federal, de 11 miembros, también se dividió: Luis Contigiani, Enrique Estevez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini se opusieron al artículo de Cristóbal. En cambio, su presidente Eduardo “Bali” Bucca y los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Marquez y Alejandra Vigo, acompañaron la cláusula del empresario K.

Si la reforma judicial desata cacerolazos en Córdoba, Schiaretti tendría una presión muy fuerte. “Hasta que el proyecto no tome estado parlamentario no hay posición tomada de los diputados de Córdoba”, dicen en ese espacio.

El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez dijo que en ese bloque “no hay nada definido”. Graciela Camaño será la referente en esos temas. Estevez y Contigiani suelen adoptar posturas autónomas. Camaño aprueba unificar la justicia federal y penal económica. Pero no el mecanismo de nombramientos de jueces subrogantes sin que haya nombramientos por el mecanismo constitucional de jueces titulares. Y no adelanta opinión sobre el aumento de los jueces de la Corte. Es una pelea de final abierto.

Fuente A24 por Mariano Obarrio

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