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POLíTICA

5 de julio de 2020

Denuncian por "incitación a la violencia política" a Patricia Bullrich y dirigentes de Juntos por el Cambio

La abogada Valeria Carreras denunció ante la Justicia a los dirigente políticos de Juntos por el Cambio, entre los que se encuentra la presidenta del PRO Patricia Bullrich, por "intimidación e incitación a la violencia política”, luego de que señalar que el asesinato del empresario y exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez era de la "mayor gravedad institucional" y apuntaron a una vinculación política.

Carreras, quien también es abogada de la querella por la tragedia del submarino ARA San Juan, dijo en su denuncia que en el comunicado de coalición opositora “se incita a la violencia política". Al respecto, argumentó que "sus términos siembran una acusación velada pero directa a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, por la muerte de Fabián Gutiérrez, y que apuntan a “profundizar 'la grieta'".

 

En el día de ayer, mediante un comunicado firmado por las autoridades de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Federico Angelini (PRO); Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (UCR); y Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic (CC), la coalición afirmó que el asesinato de Gutiérrez es "un crimen de extrema gravedad institucional". El exgobernador de Mendoza, además, recalcó luego en declaraciones periodísticas que se trataba de "un crimen vinculado al poder kirchnerista".

La letrada consideró que además mediante un escrito difundido en redes sociales que el comunicado "exaspera a gran parte de la sociedad argentina, ávida de marcar diferencias, sedienta de repetir acusaciones”, lo que, dijo, “casi propicia un ataque en redes contra la Vicepresidenta y contra todos los que acompañamos el sector político atacado".

En ese sentido, la abogada, quien transcribió párrafos del comunicado, explicó que hizo la denuncia como "ciudadana" y pidió que la acusación contra Bullrich "se extienda a los firmantes" restantes del documento. "Vengo a interponer denuncia contra la Sra. Patricia Bullrich en su rol de Presidenta de la agrupación política PRO y se extienda a los firmantes del comunicado de Juntos por el Cambio (...) por el delito de intimidación e incitación a la violencia (art. 211 y 212 del CPN)", sostuvo la abogada.

Para el delito por el que Carreras denunció a los dirigentes, el Código Penal prevé una pena de dos hasta seis años de prisión. El artículo 211 sostiene que "será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años".  En tanto, el artículo 212 establece prisión de tres a seis años para el que “públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación".

El comunicado de Juntos por el Cambio tuvo además repudios desde el oficialismo: el presidente Alberto Fernández calificó el escrito y la afirmación de la oposición como una actitud "miserable y canallesca". "Me parece una miserabilidad absoluta. Queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender", sostuvo el jefe de Estado este domingo, en línea con lo que expresó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Seguridad.

El juez de la causa, Carlos Narvarte, desestimó en las últimas horas que el homicidio tenga una motivación política, y apunta hacia una hipótesis de "pelea" o "robo", que "se fue de las manos" cuando intentaron obtener detalles de cuentas bancarias del exsecretario.

La presentación de Valeria Carreras recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los jueces que investiga el presunto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri.

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