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POLICIALES

22 de noviembre de 2017

Tras una primera audiencia escandalosa, el juicio a "Los Monos" continúa con los alegatos de la banda

Hoy la defensa presentará sus argumentos para exculparse de sus crímenes. Ayer, los fiscales pidieron penas de hasta 41 años

Con un repertorio de estrategias para "embarrarla cancha, que incluyó desde un pedido de recusación a los jueces hasta un insólito amotinamiento de los acusados en reclamo de mejores condiciones de detención (se desnudaron para protestar), comenzó ayer el juicio oral y público contra "Los Monos", la banda liderada por el clan familiar de los Cantero que controló varios barrios de Rosario a través del crimen, el narcomenudeo y la violencia. Hoy continuará la etapa de alegatos, en la que se presentarán los argumentos de la defensa.

Los integrantes de la organización criminal, a través de sus abogados, intentarán rebatir las acusaciones o al menos aminorar las penas, luego de que el Ministerio Público pidiera en el Centro de Justicia Penal de Rosario importantes condenas, de diferente gravedad.

Los fiscales Gónzalo Fernández Bussy y Luis Schiappa Pietra solicitaron penas para los 25 acusados, siendo las más altas para Ramón Ezequiel Machuca, conocido como "Monchi" Cantero (41 años de prisión) y para su hermano de crianza Ariel Máximo "Guille" Cantero (24 años). Para el máximo jefe de la organización, Ariel Máximo "El Viejo" Cantero, se le solicitó 10 años de prisión.

Los dos están acusados de formar parte de una banda narcocriminal que cometió múltiples homicidios y delitos. "Guille" Cantero está imputado por cohecho y como presunto autor de un homicidio. Está procesado por narcotráfico y secuestro extorsivo. En tanto, "Monchi" Cantero está imputado por asociación ilícita, cohecho, encubrimiento agravado e instigador de cuatro homicidios.

 

El resto de la banda oscila entre pedidos de pena que van desde los 12 años hasta los 6 años, dependiendo de la gravedad de los ilícitos. En el caso de los policías cómplices de la organización criminal, los fiscales solicitaron entre 9 y 6 años de prisión efectiva, más inhabilitación perpetua para ejercer la función.

En su alegato, Fernández Bussy diferenció el accionar de los miembros de la banda al afirmar que "no todos apretaban el gatillo". La organización fue definida como "una asociación ilícita que rentabilizó la violencia, que usufructuó el territorio liberado mediante la imposición del miedo". Los delitos investigados son múltiples: asociación ilícita, cohecho, amenazas, daños, homicidios, tenencia ilegal de armas de fuego, usurpar casas para "hacer negocios", entre otros.

"No todos diseñaron el negocio de la violencia. La banda generaba ganancias de origen ilícito que luego trabajaba a través de testaferros, que eran personas de confianza que aseguraban el provecho de esa ganancia", aseguró el fiscal.

Uno de los puntos salientes del alegato fue el rol fundamental que cumplieron los policías que "traicionaron el uniforme" y se dedicaron a proveer impunidad para los delincuentes. "La banda no podía funcionar sin el aporte necesario que garantizara su accionar. Policías que tenían que prevenir el delito terminaron cuidando los intereses de la banda. Traicionaron el uniforme, con todo lo que eso implica. Se encargaron de dar información a los jefes para favorecerlos", sostuvo Fernández Bussy.

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